La Guardia Civil de Huelva, en colaboración con la Guarda Nacional Republicana de Portugal y la Capitanía Marítima, ha realizado un amplio dispositivo para el control de documentación y cumplimiento normativo de embarcaciones de pesca y recreativas en la localidad de Isla Cristina. Esta operación se enmarca en una estrategia de intensificación en la lucha contra el narcotráfico y la prevención de actividades ilícitas relacionadas con el apoyo logístico a redes de tráfico de drogas.
Durante la operación, que también contó con la participación del Servicio Aéreo de la Guardia Civil y diversas especialidades del cuerpo, incluidos USECIC y Equipo Pegaso, se inspeccionaron embarcaciones que presentaban irregularidades como la falta de matrículas adecuadas, uso de matrículas falsas, o que incumplían otras normativas náuticas relevantes. El operativo resultó en la intervención de un total de 16 embarcaciones.
Uno de los momentos más destacados de la operación se produjo cuando varias embarcaciones recreativas intentaron llevar a cabo un suministro de combustible a una lancha semirrígida implicada presumiblemente en actividades de narcotráfico. Estas embarcaciones se vieron obligadas a huir al percatarse de la presencia policial, dejando atrás tres de ellas que fueron posteriormente localizadas y confiscadas por la Guardia Civil, encontrándose cargadas con garrafas de combustible.
Además, durante el dispositivo se identificó a cerca de un centenar de personas, procediendo a la detención de dos individuos. También se incautaron aproximadamente 5000 litros de combustible distribuidos en 200 petacas.
La actuación se llevó a cabo en el mar territorial de Isla Cristina y en el Río Carreras, zonas estratégicas por su ubicación geográfica propensa al tráfico marítimo ilícito. Las embarcaciones intervenidas han quedado a disposición de la autoridad competente para proceder según lo estipulado por la ley.
Este tipo de operativos no solo refuerza la seguridad en las aguas territoriales y previene la criminalidad, sino que también garantiza la protección del patrimonio marítimo y la seguridad de las actividades legítimas que se realizan en la región.