El Grupo Provincial de VOX en Huelva ha registrado una moción en la Diputación para que se contemple la bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para los propietarios de inmuebles afectados por la ocupación ilegal. La propuesta será debatida en el próximo pleno ordinario y busca, según la formación, proteger los derechos de los propietarios y defender la propiedad privada ante el creciente fenómeno de la ocupación en la provincia.
Defensa de la propiedad privada como institución esencial
Miguel Ángel Sánchez Cuéllar, diputado provincial de VOX en Huelva, ha subrayado la importancia de la propiedad privada como un pilar fundamental para las clases medias y trabajadoras, afirmando que constituye el resultado del esfuerzo y el ahorro. En su intervención, Sánchez Cuéllar criticó que el ordenamiento jurídico actual, en su opinión, tiende a favorecer a los ocupantes ilegales en detrimento de los legítimos propietarios, un fenómeno que VOX considera que se ha intensificado en los últimos años.
Incremento de casos de ocupación en Huelva y en España
Según datos presentados por VOX, desde 2010 hasta 2023, los casos de ocupación ilegal en la provincia de Huelva han aumentado en un 741%, mientras que en Andalucía este incremento ha sido del 508% y a nivel nacional del 565%. Sánchez Cuéllar destacó que este incremento es alarmante y que las medidas tomadas a nivel legislativo no han sido suficientes para frenar esta problemática, sino que, en algunos casos, han propiciado un efecto llamada.
El portavoz de VOX recordó que en 2020, con la pandemia, se aprobó un real decreto-ley que suspendía temporalmente los juicios de desahucio arrendaticio, una medida que, según VOX, benefició a los ocupas. Dos años más tarde, una disposición adicional a ese mismo decreto aseguró el suministro de agua y energía a los inmuebles ocupados, lo que generó críticas entre los defensores de la propiedad privada.
Consecuencias económicas para los propietarios
En su moción, VOX expone que los propietarios afectados por ocupaciones ilegales no solo pierden el uso y disfrute de sus viviendas, sino que deben seguir afrontando gastos de mantenimiento, entre ellos el pago del IBI. Sánchez Cuéllar denunció que la situación se agrava aún más cuando, tras recuperar la propiedad, los dueños deben invertir entre 3.500 y 30.000 euros para restaurar la vivienda a su estado original. Además, la ocupación suele depreciar el valor del inmueble entre un 40% y un 60%.
El diputado provincial alertó que la nueva Ley de Vivienda, aprobada por el Senado en mayo de 2023, ha intensificado la situación de desprotección para los propietarios, complicando aún más la recuperación de sus inmuebles ocupados. VOX asegura que esta normativa genera un marco jurídico que beneficia a los ocupantes ilegales, dejando a los propietarios en una posición de indefensión ante la pérdida del valor de sus propiedades.
Propuesta de VOX para bonificaciones del IBI
Sánchez Cuéllar ha defendido que la Diputación de Huelva tiene la obligación de actuar para aliviar, en la medida de lo posible, la carga que representa para los propietarios la ocupación ilegal de sus inmuebles. Por ello, VOX propone que se aprueben bonificaciones del IBI para los afectados, con el objetivo de reducir el impacto económico que sufren estas personas. La formación considera que es esencial que se tomen medidas que respalden a los legítimos propietarios, especialmente en un contexto en el que las ocupaciones ilegales pueden durar años.
Reforzar la seguridad jurídica y la protección a los propietarios
VOX considera que la falta de protección legal a la propiedad privada y la lentitud de los procesos judiciales representan un grave problema, no solo para los propietarios, sino también para la convivencia en las comunidades afectadas. Según Sánchez Cuéllar, la presencia de viviendas ocupadas genera conflictos y afecta negativamente a la calidad de vida de los vecinos, por lo que es urgente implementar medidas que den prioridad a la protección del derecho a la propiedad.
El diputado provincial concluyó afirmando que su grupo político continuará luchando para que se refuerce la seguridad jurídica y se implementen políticas que protejan a los propietarios, defendiendo sus derechos y su patrimonio frente a lo que consideran una amenaza creciente.