El Grupo Municipal Socialista de Beas ha instado a la Junta de Andalucía a cumplir con la Ley 1/2020 de 13 de julio, mediante una moción presentada en el pleno del Ayuntamiento. Dicha normativa, aprobada por unanimidad en el Parlamento andaluz, obliga a implementar mejoras térmicas y ambientales en los centros educativos a través de soluciones bioclimáticas y energías renovables. Cinco años después de su aprobación, denuncian desde el PSOE, no se han producido avances significativos.
La portavoz socialista y secretaria general del PSOE de Beas, Rosa Tirador, ha sido contundente al señalar la “inacción del Gobierno andaluz”, afirmando que “ni se ha desarrollado el reglamento, ni se han realizado auditorías energéticas, ni existe inversión real para transformar las condiciones térmicas en nuestros colegios”. Según Tirador, esta falta de cumplimiento está teniendo un impacto directo sobre el bienestar y la salud del alumnado del CEIP Juan Ramón Jiménez, especialmente en las aulas orientadas al sur y en las zonas de Infantil, donde las temperaturas se vuelven insoportables durante los meses de primavera y verano.
La moción también recoge el malestar de la comunidad educativa y la Asociación de Madres y Padres del centro, quienes llevan años reclamando soluciones ante el calor extremo que sufren los escolares durante el horario lectivo. En palabras de Tirador, “la ONU ya ha advertido que el cambio climático pone en riesgo los derechos de la infancia. ¿Qué está esperando la Junta para actuar?”.
Desde el PSOE se ha exigido una actuación inmediata, que comience por la realización de una auditoría bioclimática del CEIP Juan Ramón Jiménez, tal como establece la ley. “No podemos permitir que la salud y el aprendizaje de nuestros niños y niñas dependan del azar climático”, ha añadido Tirador.
La formación socialista ha hecho un llamamiento a la responsabilidad institucional y ha recordado que la ley fue aprobada por todos los grupos parlamentarios, por lo que el actual incumplimiento representa una falta de respeto a la propia legalidad y a la comunidad educativa. “Es hora de dejar de mirar hacia otro lado. Los niños y niñas de Beas tienen derecho a aprender en condiciones dignas y saludables”, concluyó.