El Grupo Municipal VOX ha logrado que el Ayuntamiento de Huelva ponga en marcha un servicio jurídico de asistencia a particulares y comunidades de propietarios afectados por la ocupación ilegal de viviendas, en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Huelva.
Con la firma de este convenio, se cumple uno de los compromisos adquiridos por VOX en el acuerdo de investidura, así como una de las medidas incluidas en su programa electoral, orientada a ofrecer una respuesta concreta a los vecinos que sufren esta problemática.
El portavoz del grupo municipal, Wenceslao Font, ha valorado el acuerdo como “un avance importante y una muestra del trabajo serio y constante de VOX para proteger el derecho a la propiedad y la seguridad de los onubenses”, aunque ha advertido que “no es suficiente”:
“El convenio firmado hoy es sólo un primer paso. Vamos a exigir más medios y más presupuesto para que este servicio sea realmente eficaz”, señaló.
Un servicio de apoyo ante una “lacra” que afecta a numerosas familias
El nuevo servicio jurídico antiocupa tiene como objetivo ofrecer asesoramiento, acompañamiento legal y respuesta rápida a los propietarios y comunidades de vecinos que sufran situaciones de ocupación ilegal o inquiocupación.
VOX ha subrayado que esta medida responde a una demanda ciudadana creciente, especialmente en barrios como Huerta Mena, el Matadero, Molino de la Vega, Isla Chica, el Centro, la Casita Blanca de Feafes o la calle Tharsis, donde se han denunciado casos de viviendas usurpadas que generan inseguridad, conflictos vecinales y deterioro social.
Font ha recalcado que “la ocupación ilegal es una tragedia real que causa miedo y desprotección a muchas familias onubenses”.
“Algunos vecinos han visto usurpadas sus viviendas y otros viven con temor en sus bloques o calles, compartiendo espacio con ocupas. Esta situación es insostenible y exige soluciones prácticas, no titulares”, destacó el edil.
Inquiocupación y falta de vivienda social
Además, desde VOX se ha alertado del incremento del fenómeno conocido como inquiocupación, que afecta a propietarios que alquilan su vivienda legalmente y posteriormente se encuentran con inquilinos que dejan de pagar pero no abandonan el inmueble.
Este tipo de casos, según el portavoz, agrava la falta de oferta de alquiler en la ciudad y disuade a muchos propietarios de arrendar sus viviendas, lo que repercute directamente en el acceso a la vivienda para familias con menos recursos.
Por ello, VOX plantea que la lucha contra la ocupación ilegal debe complementarse con políticas de vivienda social que faciliten el acceso al mercado a las personas en situación de vulnerabilidad.
Exigen reformas legales y más medios para las fuerzas de seguridad
Font ha recordado que VOX reclama desde hace años una reforma del Código Penal que endurezca las penas por usurpación, además de más recursos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y procesos de desalojo más ágiles.
“Mientras el Gobierno central no actúe, el Ayuntamiento, como administración más cercana, debe ofrecer herramientas efectivas para ayudar a quienes hoy se sienten abandonados ante esta lacra social”, concluyó el concejal.
Con la creación de este servicio, VOX considera que se da un paso adelante en la protección del derecho a la propiedad privada y en la defensa de los ciudadanos frente a la ocupación ilegal, un problema que ha generado alarma en distintos puntos de la provincia.