Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en su delegación de Huelva han conseguido una nueva resolución favorable para uno de sus afiliados, logrando el reconocimiento judicial de una indemnización de 4.877 euros para un agente que resultó lesionado en acto de servicio.
El caso ha sido defendido por el abogado Juan Rodríguez, quien ha obtenido una sentencia favorable que reconoce el derecho del guardia civil a ser resarcido económicamente tras las lesiones sufridas durante una intervención ocurrida el 18 de febrero de 2014.
Una agresión en acto de servicio con sentencia penal previa
Los hechos se remontan a una actuación en la que el agente resultó lesionado mientras desempeñaba sus funciones. Tras el proceso judicial correspondiente, un juzgado de lo penal de Huelva dictó una sentencia condenatoria contra el responsable de las lesiones.
Sin embargo, durante la ejecución de la sentencia se declaró la insolvencia del condenado, lo que impedía inicialmente que el agente pudiera cobrar la indemnización reconocida en el procedimiento penal.
Ante esta situación, los servicios jurídicos de AUGC iniciaron un nuevo proceso para reclamar el resarcimiento económico a través de la vía administrativa frente al Estado.
Una sentencia clave del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
La reclamación fue finalmente estimada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha reconocido el derecho del agente a recibir la indemnización.
Uno de los aspectos más relevantes de esta resolución judicial es la interpretación del plazo de prescripción para reclamar al Estado. Según el fallo, el plazo de un año para iniciar una reclamación administrativa no comienza a contar desde la sentencia penal, sino desde el momento en que se notifica oficialmente al agente la insolvencia del condenado.
Esta interpretación resulta especialmente significativa, ya que abre la puerta a que otros agentes que se encuentren en situaciones similares puedan reclamar indemnizaciones que hasta ahora podían considerarse prescritas.
Una vía para otros casos similares
Desde AUGC Huelva destacan que esta resolución puede tener importantes consecuencias para otros procedimientos en los que agentes de la Guardia Civil tengan reconocidas indemnizaciones en sentencia firme que no hayan podido cobrar debido a la insolvencia del responsable.
En estos casos, los afectados podrían solicitar la notificación formal de la declaración de insolvencia y, a partir de ese momento, iniciar una reclamación administrativa al Estado para percibir la indemnización correspondiente.
Este criterio jurídico permite, por tanto, reabrir la posibilidad de reclamar indemnizaciones pendientes derivadas de agresiones o lesiones sufridas por agentes en acto de servicio.
Defensa de los derechos de los guardias civiles
Desde la delegación de AUGC en Huelva han valorado muy positivamente este nuevo éxito judicial, subrayando el papel que desempeñan sus servicios jurídicos en la defensa de los derechos de los guardias civiles afiliados.
La asociación recuerda que este tipo de actuaciones no solo buscan el reconocimiento legal de los derechos profesionales de los agentes, sino también garantizar que se hagan efectivas las indemnizaciones, penas o multas derivadas de las agresiones o lesiones sufridas durante su labor.
En este sentido, AUGC Huelva ha insistido en la importancia de seguir defendiendo los derechos de los guardias civiles ante los tribunales, especialmente en casos en los que las agresiones sufridas por los agentes quedan sin resarcimiento económico debido a la insolvencia de los responsables.