En una operación llevada a cabo por la Guardia Civil en la provincia de Huelva, se han intervenido más de 2.500 litros de aceite lampante que estaban siendo comercializados como aceite de oliva virgen. La operación, denominada “Olea”, ha dado como resultado la investigación de seis personas físicas y una persona jurídica involucradas en este fraude alimentario. Además del aceite, se han intervenido aceites sin clasificación y 640 etiquetas fraudulentas que se utilizaban para re-etiquetar los envases.
Operación «Olea»: lucha contra el fraude alimentario
La operación se inició en febrero de 2024, cuando la Guardia Civil, a través de su Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), intensificó los controles en la lucha contra el fraude alimentario, centrados especialmente en la comercialización de aceites de oliva. Durante estos controles, los agentes interceptaron un vehículo procedente de Portugal que transportaba grandes cantidades de aceite supuestamente de oliva, junto con multitud de etiquetas adhesivas que se usaban para re-etiquetar los envases.
Al inspeccionar la carga, los agentes descubrieron que el aceite no contaba con la documentación de trazabilidad requerida, lo que impedía determinar su origen y el proceso de elaboración. Además, el producto no estaba etiquetado adecuadamente, lo que llevó a la inmovilización cautelar tanto del aceite como de las etiquetas.
Resultados del análisis del aceite
Tras la intervención, el Laboratorio Agroalimentario de Córdoba, dependiente de la Junta de Andalucía, realizó un análisis del aceite incautado. El resultado fue concluyente: el producto era aceite lampante (un aceite con mayor grado de acidez, no apto para el consumo directo), aceite de girasol y aceite sin clasificación, en lugar del aceite de oliva virgen (AOV) que figuraba en las etiquetas. Este fraude no solo engañaba a los consumidores, sino que también ponía en riesgo su salud, ya que el aceite lampante debe ser refinado antes de poder ser consumido.
Comercio fraudulento a nivel nacional
Durante la investigación, se descubrió que el aceite procedente de Portugal era distribuido a nivel nacional, tanto de forma directa como a través de diversas páginas de internet, donde se promocionaba como aceite de oliva virgen. Las etiquetas fraudulentas inducían deliberadamente a error a los compradores, quienes pagaban por un producto que no cumplía con los estándares de calidad ni de seguridad alimentaria.
Se estima que el valor de mercado del aceite incautado habría alcanzado los 20.500 euros, un grave perjuicio económico tanto para los consumidores como para el mercado legal del aceite de oliva.
Delitos imputados a los investigados
A los seis investigados y a la persona jurídica involucrada se les atribuyen varios delitos, entre ellos:
- Delitos contra la salud pública por el riesgo que este fraude representaba para los consumidores.
- Falsificación de productos y etiquetas, que alteraban la verdadera naturaleza del aceite.
- Estafa, al comercializar un producto inferior como aceite de oliva virgen.
- Pertenencia a grupo criminal, debido a la organización y distribución de estos productos fraudulentos.
Colaboración interinstitucional
La operación “Olea” ha sido posible gracias a la colaboración entre la Guardia Civil y diversos organismos como los inspectores veterinarios del Área de Gestión Sanitaria de Huelva, la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, y la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA).
La colaboración entre estas entidades ha sido fundamental para detectar, investigar y detener este fraude que afectaba tanto a la seguridad alimentaria como a la imagen del sector del aceite de oliva en la región.
Un golpe al fraude alimentario
La operación «Olea» no solo ha puesto de manifiesto la capacidad de las fuerzas de seguridad para detectar y frenar este tipo de delitos, sino que también destaca la importancia de la colaboración entre instituciones para proteger a los consumidores y mantener la calidad en un sector tan importante como es el del aceite de oliva en Andalucía. Este caso es un ejemplo más de los esfuerzos que se están llevando a cabo para combatir el fraude alimentario, garantizando la transparencia y seguridad en los productos que llegan a las mesas de los ciudadanos.