La Fiscalía ha informado que no existen indicios sólidos de infracción criminal en la venta de los terrenos del SAPU 5, una operación que fue denunciada por el PSOE de Punta Umbría. Según el informe presentado por la fiscalía en el Juzgado de Instrucción número 4 el pasado 23 de julio, la denuncia socialista no tiene fundamentos suficientes para solicitar medidas cautelares, ya que «no hay indicios sólidos de infracción criminal». El documento también concluye que, dado lo incipiente de la investigación, no existe una base sólida para adoptar medidas preventivas en este momento.
El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha manifestado que esta denuncia «ha atentado contra el proyecto turístico previsto para los terrenos del SAPU 5», al señalar que ha desincentivado a potenciales inversores por «una medida cautelar sin fundamentos, como pronto se constatará». Hernández Cansino también ha calificado la acción del PSOE como una «venganza personal y política» en su contra.
La providencia judicial y la agenda del alcalde
El Juzgado de Instrucción número 4 también notificó, mediante providencia fechada el 3 de octubre, que no se puede adelantar la declaración del alcalde, prevista inicialmente para el 22 de noviembre, debido a razones de agenda. La decisión llega en un momento en que ya se ha presentado el informe del Ministerio Fiscal, que se opone a las medidas cautelares solicitadas por el PSOE, así como las alegaciones de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Punta Umbría, que ratifican la legalidad de la venta de los terrenos en cuestión. Esta operación fue debatida en el pleno municipal el pasado 25 de marzo.
Un conflicto que afecta al desarrollo de Punta Umbría
El alcalde ha señalado que esta denuncia ha afectado al desarrollo económico de Punta Umbría, en particular al futuro del proyecto turístico vinculado a los terrenos del SAPU 5. Según Hernández Cansino, la falta de fundamento de la denuncia y la solicitud de medidas cautelares han generado incertidumbre entre los inversores, lo que ha retrasado la evolución de un proyecto clave para el crecimiento del municipio.
El caso continúa, pero las recientes declaraciones de la Fiscalía y la oposición a las medidas cautelares son un indicio de que la denuncia del PSOE podría no tener el peso legal que inicialmente se sugirió. Mientras tanto, el alcalde continúa defendiendo la legalidad de la venta y el impacto positivo que el proyecto traerá a Punta Umbría.