La actuación, llevada a cabo entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, ha permitido además la investigación de 31 personas por su presunta implicación en delitos relacionados con la distracción de aguas y los daños al medio ambiente

Pozos y sondeos, las principales captaciones ilegales

Del total de infraestructuras detectadas, el 60% correspondía a pozos ilegales, el 24% a sondeos, el 4% a balsas y el 12% restante a otras modalidades de captación ilícita como derivaciones o trasvases artificiales

La operación se ha centrado en la inspección y control de aprovechamientos de aguas superficiales y subterráneas con el objetivo de proteger el Dominio Público Hidráulico y el entorno natural, especialmente en un contexto marcado por la escasez hídrica y la sequía recurrente.

Actuaciones destacadas en Huelva y otras provincias

En la provincia de Huelva, la denominada operación “Subterra” se desarrolló en el entorno del Parque Nacional de Doñana y su corona forestal. Allí se localizaron diversas infraestructuras ilegales de extracción y acumulación de agua, investigándose a ocho personas físicas y cinco jurídicas por delitos contra los recursos naturales, el medio ambiente y la ordenación del territorio

En Madrid, dentro de la operación “Bredo”, se detectó un sondeo no autorizado por la Confederación Hidrográfica del Tajo y otro legal que contaba con un sistema de bypass fraudulento para evitar el registro del caudal extraído. El valor del agua presuntamente aprovechada de forma ilícita desde 2002 podría superar los 1,6 millones de euros

En Murcia, la operación “Land Change” investigó la transformación en regadío de más de 47 hectáreas de terreno catalogado como secano, con un daño ambiental estimado en más de 2,9 millones de euros

Por su parte, en Córdoba, la operación “Captaqua” detectó pozos clandestinos y captaciones legales manipuladas mediante sistemas de bypass para eludir el control del caudal

Más de 270 millones de euros en daños

En total, la operación ha derivado en la detección de 29 infracciones penales, siendo las más frecuentes los delitos de distracción de aguas de uso público (59%), los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (28%) y los delitos contra la ordenación del territorio (7%)

Además, se han tramitado 1.684 infracciones administrativas, de las cuales el 77% corresponden a vulneraciones de la normativa en materia de aguas

Los informes periciales elaborados por el SEPRONA valoran en más de 270 millones de euros los daños ocasionados al Dominio Público Hidráulico, incluyendo el impacto sobre la flora, la fauna y los ecosistemas afectados

Compromiso con la protección del agua

La operación “Zahorí” se enmarca en el compromiso permanente de la Guardia Civil con la defensa del uso sostenible del agua y la lucha contra el expolio de los recursos naturales, una problemática especialmente sensible en territorios como Huelva, donde la gestión hídrica es clave para el equilibrio ambiental y el desarrollo económico.

La actuación refuerza el papel del SEPRONA como unidad especializada en la protección medioambiental, subrayando la importancia de la peritación técnica para acreditar la gravedad de los hechos y garantizar su correcta calificación jurídica.

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