Según ha denunciado la dirigente socialista, la Diputación ha contado durante estos años con una inyección extraordinaria de recursos procedentes del Gobierno de España, cercana a los 60 millones de euros, que, a su juicio, no se han traducido en una mejora real de la financiación destinada a los municipios de la provincia.

“Cuando más dinero recibe la Diputación del Gobierno de España, menos reciben los pueblos de la provincia”, ha señalado Cárdenas, quien considera que esta situación evidencia una falta de planificación y de políticas orientadas al municipalismo.

Críticas a la gestión del gobierno provincial

La portavoz socialista ha afirmado que durante buena parte de la legislatura el Grupo Socialista en la Diputación ha tenido que centrar su labor en trasladar y visibilizar las demandas que llegan desde los municipios de la provincia.

En este sentido, ha recordado que la mayoría de los integrantes del grupo son alcaldes y alcaldesas de distintas localidades onubenses, lo que, según ha explicado, les permite actuar como “la voz directa de los pueblos”.

Cárdenas ha sostenido que la Diputación, gobernada por el Partido Popular, ha gestionado esta etapa “de espaldas a los municipios”, a pesar de haber contado con una oportunidad histórica para impulsar el desarrollo territorial gracias al incremento de los ingresos procedentes del Estado.

Recursos extraordinarios que no llegan a los municipios

De acuerdo con los datos expuestos por la portavoz socialista, la institución provincial ha recibido durante los últimos años importantes transferencias derivadas de liquidaciones y actualizaciones de la participación en los ingresos del Estado.

Sin embargo, Cárdenas ha criticado que esas cantidades, que suman cerca de 60 millones de euros adicionales, se han anunciado públicamente pero no se han traducido en un aumento proporcional de las inversiones destinadas a los ayuntamientos.

En concreto, ha indicado que las inversiones directas en los municipios a través de los planes provinciales apenas han aumentado en torno a siete millones de euros durante los últimos tres años.

Para la dirigente socialista, esta situación supone “una gran oportunidad perdida para la provincia”, ya que esos recursos podrían haber servido para mejorar infraestructuras locales, reforzar servicios básicos y apoyar proyectos municipales.

El Plan Invierte, aún sin ejecutar

Entre las iniciativas que el Grupo Socialista considera pendientes, Cárdenas ha mencionado el denominado Plan Invierte, dotado con 23 millones de euros, aprobado el pasado año por la Diputación.

Según ha señalado, aunque el plan fue anunciado públicamente en 2025, los ayuntamientos todavía no han podido ejecutar los proyectos contemplados.

“Se aprobó con grandes titulares, pero a día de hoy los pueblos aún no han visto ni un solo euro”, ha afirmado la portavoz socialista, quien considera que la iniciativa sigue siendo “un plan que existe en el papel”.

Reivindicación del papel de la oposición socialista

Cárdenas también ha defendido el papel que está desempeñando el Grupo Socialista en la institución provincial, asegurando que muchas de las iniciativas que finalmente se han puesto en marcha han sido fruto de la presión ejercida desde la oposición.

En este sentido, ha destacado el trabajo realizado para reclamar ayudas destinadas a los ayuntamientos afectados por las recientes borrascas y temporales que han golpeado distintos puntos de la provincia.

Según ha indicado, no fue hasta la celebración de un pleno extraordinario cuando la Diputación decidió destinar recursos a apoyar a los municipios perjudicados por estos fenómenos meteorológicos.

Críticas al proyecto de la antigua estación de Huelva

La portavoz socialista también ha cuestionado la apuesta del equipo de gobierno por el proyecto de rehabilitación del Antigua Estación de Huelva, al que se han destinado más de 25 millones de euros a través de distintas modificaciones presupuestarias.

Desde el Grupo Socialista sostienen que esta inversión ha supuesto desviar recursos que, a su juicio, deberían haberse destinado directamente a los municipios.

Cárdenas ha recordado además que el proyecto se encuentra actualmente paralizado tras la suspensión cautelar decretada por los tribunales sobre la modificación del catálogo de protección patrimonial.

“Después de tres años, nos preguntamos qué ha aportado realmente esta gran apuesta del presidente de la Diputación, David Toscano, a la provincia de Huelva. Hoy el proyecto está paralizado y los recursos que podían haber llegado a los pueblos siguen bloqueados”, ha concluido.

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El dirigente socialista ha señalado que el Gobierno de España ya ha ejecutado las obras de acceso y conexión viaria necesarias para la apertura del hospital, por lo que considera que la responsabilidad de que siga sin actividad recae exclusivamente en la Junta y en el Ayuntamiento de Lepe. “El hospital está terminado desde hace años. Si sigue cerrado es exclusivamente por responsabilidad de la Junta de Andalucía”, ha afirmado.

Críticas a la visita del consejero

Las declaraciones de Gaviño se producen tras la visita a la provincia del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, a quien ha acusado de “venir a Huelva a contar mentiras”, contraponiendo lo que ha calificado como “verdades” sobre la situación de las infraestructuras sanitarias.

En relación con el Chare de Lepe, el portavoz socialista ha sido contundente al asegurar que el Ejecutivo central ya ha cumplido con su parte y que ahora corresponde a la Junta dotar el hospital de suministros, equipamiento, mobiliario y personal para su apertura. “No hay excusas. Está todo en manos del Gobierno de Juanma Moreno”, ha subrayado.

Denuncia del “abandono” de hospitales comarcales

Gaviño ha enmarcado el caso de Lepe dentro de lo que considera una estrategia de abandono de los hospitales comarcales por parte del Gobierno andaluz. En este sentido, ha citado también la situación del Chare de Aracena y el de Bollullos, que —según ha indicado— permanecen sin avances significativos.

Para el PSOE, esta situación responde a un modelo que prioriza anuncios y promesas frente a la ejecución efectiva de proyectos sanitarios en la provincia.

Financiación del centro de salud de Corrales

El portavoz socialista también ha hecho referencia a la reciente inauguración del centro de salud de Corrales, destacando que, según sus datos, el 85% de la financiación ha sido aportada por el Gobierno de España. A su juicio, la Junta “se hace la foto”, mientras que la inversión principal procede del Ejecutivo central.

El hospital Materno-Infantil, ocho años después

Otra de las infraestructuras señaladas por Gaviño ha sido el hospital Materno-Infantil de Huelva, cuya primera piedra ha sido anunciada recientemente. El parlamentario socialista ha criticado que, ocho años después, se presente como novedad un proyecto que —según sostiene— ya estaba definido y financiado en 2018.

Desde el PSOE consideran que la provincia acumula retrasos en equipamientos sanitarios estratégicos y que la ciudadanía onubense merece una sanidad pública “digna y plenamente operativa”.

Defensa de la sanidad pública

En su intervención, Enrique Gaviño ha asegurado que su formación no va a aceptar “más propaganda” en materia sanitaria y ha insistido en que responderán con datos y hechos ante cada anuncio del Gobierno andaluz.

El debate sobre la apertura del Chare de Lepe y el estado de las infraestructuras sanitarias vuelve así al centro de la agenda política provincial, en un contexto marcado por la reivindicación de mejoras en la sanidad pública andaluza.

La entrada Enrique Gaviño exige la apertura inmediata del Chare de Lepe y acusa a la Junta de “bloquear” las infraestructuras sanitarias en Huelva aparece primero en El Faro de Huelva.

La iniciativa fue presentada el lunes 23 de febrero en la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente y busca conocer qué información obra en poder de la Consejería y qué actuaciones se han puesto en marcha ante estos hechos.

Denuncia pública de Ecologistas en Acción

La pregunta parlamentaria se produce tras la denuncia pública realizada por Ecologistas en Acción, que alertó de la presencia de aguas negras discurriendo desde las instalaciones del centro hacia la Cañada de la Morita y el Arroyo de Buenavista, afluentes del arroyo del Rubio, que desemboca en el río Tinto .

Según ha explicado el parlamentario andaluz por la provincia, Enrique Gaviño, la organización ecologista trasladó la denuncia, acompañada de documentación gráfica, a las delegaciones territoriales en Huelva de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y de Sostenibilidad y Medio Ambiente, solicitando a la Junta que investigue lo ocurrido.

“Queremos conocer si la Consejería tiene constancia al respecto”, ha señalado el diputado socialista, quien ha insistido en la necesidad de que el Gobierno andaluz ofrezca explicaciones claras.

Un centro clave para toda la provincia

El Centro de Residuos de Villarrasa, que presta servicio a todos los municipios de la provincia de Huelva, es propiedad de la Diputación Provincial de Huelva y está gestionado por una empresa concesionaria .

En los últimos años, la instalación ha recibido inversiones millonarias destinadas a mejorar la eficacia del tratamiento de residuos y aumentar la recuperación de materiales. Sin embargo, el PSOE considera que, de confirmarse los hechos denunciados, se trataría de un asunto de “extrema gravedad”.

Impacto ambiental en una zona agrícola

Enrique Gaviño ha subrayado que los supuestos vertidos afectarían a cauces naturales situados en una zona eminentemente agrícola, lo que incrementa la preocupación por las posibles consecuencias medioambientales y económicas.

“De ser así, estamos ante un grave asunto que afecta a cauces naturales”, ha advertido el parlamentario, quien ha reclamado “transparencia, rigor y actuaciones inmediatas” por parte de la Consejería competente.

La pregunta registrada en la Cámara autonómica tiene como objetivo que la titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente informe sobre si conoce estos hechos, qué documentación posee y si se ha iniciado algún procedimiento de inspección o investigación.

El debate en la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente servirá para esclarecer si existen responsabilidades y qué medidas se adoptarán para garantizar la protección de los recursos hídricos en el entorno de Villarrasa.

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A las puertas del nuevo edificio sanitario, ambos dirigentes han defendido la apuesta del Ejecutivo central por la atención primaria y han contrapuesto esta actuación con lo que consideran una falta de inversión autonómica en el ámbito sanitario.

Una inversión estatal de casi dos millones

Gabriel Cruz ha subrayado que el nuevo consultorio de Corrales fue aprobado en 2023 dentro del Plan MINAP (Mejora de las Infraestructuras de Atención Primaria) del Ministerio de Sanidad, destacando que se trata de una obra financiada por el Gobierno de España.

Según ha detallado, la actuación se desarrolló en dos fases. La primera contó con una inversión de 900.000 euros, de los cuales 700.000 fueron aportados por el Ejecutivo central, mientras que el Ayuntamiento colaboró en el desarrollo del proyecto. La segunda fase, con una inversión superior al millón de euros, fue sufragada íntegramente por el Gobierno de España.

Para el diputado socialista, esta inversión refleja el compromiso del Ejecutivo con la sanidad pública, universal y gratuita, en un momento en el que, a su juicio, la comunidad autónoma no está reforzando suficientemente los recursos sanitarios.

Críticas a la gestión sanitaria de la Junta

Cruz ha acusado al Gobierno andaluz de recortar servicios y de no apostar por el fortalecimiento de la sanidad pública en la provincia de Huelva. En este sentido, ha hecho referencia a la falta de profesionales, a la situación de determinadas especialidades y a las infraestructuras pendientes en la provincia.

El dirigente socialista ha alertado de que el acceso a una atención sanitaria digna es una cuestión fundamental para la ciudadanía y ha insistido en la necesidad de mantener un sistema sanitario sólido que garantice igualdad de oportunidades.

Más profesionales y recuperación del doble equipo de urgencias

Por su parte, Fran Luque ha señalado que, una vez concluida la infraestructura del consultorio gracias a la financiación estatal, el siguiente paso debe ser dotarlo de recursos humanos y equipamiento suficiente para responder a las necesidades de los vecinos de Corrales y del conjunto de Aljaraque.

El portavoz socialista ha insistido en la recuperación del doble equipo de urgencias en el municipio. Según ha denunciado, actualmente cerca de 23.000 habitantes cuentan con un único servicio de urgencias, que además atiende a otros municipios del distrito Huelva Costa.

Luque ha trasladado la preocupación de vecinos que, según ha indicado, han experimentado demoras en la atención y tiempos de espera prolongados. A su juicio, en situaciones de urgencia, cada minuto es determinante y la disponibilidad de medios humanos y materiales resulta clave.

Una reivindicación por una atención sanitaria digna

Desde el PSOE han reiterado su demanda de reforzar plantillas, equipamientos y servicios sanitarios en Aljaraque, subrayando que la inversión en infraestructuras debe ir acompañada de recursos suficientes para garantizar una atención eficaz y de calidad.

El nuevo consultorio de Corrales, enmarcado en el Plan MINAP del Ministerio de Sanidad, se convierte así en el eje de un debate más amplio sobre el modelo de financiación y gestión de la sanidad pública en Andalucía y, en particular, en la provincia de Huelva.

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Rivas ha advertido de que la A-494 presenta un avanzado deterioro, con baches continuos y un asfalto “totalmente reventado”, una situación que se ha visto agravada tras las últimas lluvias. Según la parlamentaria socialista, el problema no es puntual ni coyuntural, sino el resultado de años de falta de mantenimiento y de inversiones suficientes en una carretera que soporta un elevado volumen de tráfico a diario.

La dirigente del PSOE ha responsabilizado directamente al presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, del deterioro prolongado de esta vía, asegurando que “la falta de compromiso y diligencia” del Ejecutivo andaluz ha llevado a la A-494 a una situación límite en 2025. En este sentido, ha insistido en que no son suficientes los arreglos puntuales o los parches improvisados, sino que es necesaria una actuación integral y urgente que garantice la seguridad vial.

“La gente que utiliza esta carretera lo hace con miedo, jugándose literalmente el coche y la vida cada día, mientras la Junta mira hacia otro lado”, ha lamentado Rivas, subrayando que el riesgo no solo afecta a los vehículos, sino, lo que es más grave, a la integridad física de las personas.

La parlamentaria onubense ha recordado que la A-494 es una vía estratégica para la provincia, utilizada diariamente por trabajadores que se desplazan entre Huelva, Mazagón y Matalascañas, por vehículos de mercancías y por miles de turistas a lo largo de todo el año. “Es un eje fundamental para la economía, el empleo y la movilidad de Huelva, y su abandono está teniendo consecuencias muy graves”, ha advertido.

Asimismo, ha alertado de que cada día que pasa sin una intervención adecuada el deterioro avanza y el riesgo aumenta, por lo que ha reclamado que la Junta priorice de inmediato esta actuación “antes de tener que lamentar consecuencias irreparables”.

Rivas ha comparado la situación de la A-494 con la de otras carreteras autonómicas de la provincia que, según ha señalado, también sufren un grave abandono por parte del Gobierno andaluz. A su juicio, la falta de mantenimiento está convirtiendo vías esenciales en tramos inseguros e incluso intransitables. “No hablamos de las lluvias recientes, sino de ocho años de dejadez acumulada y de una absoluta falta de compromiso con Huelva”, ha recalcado.

Por todo ello, desde el PSOE de Huelva se ha exigido a la Junta de Andalucía que deje de anunciar estudios sin concreción y actúe de manera inmediata. “Gobernar es asumir responsabilidades y garantizar la seguridad de la ciudadanía, y en esta carretera la Junta ni está ni se la espera”, ha concluido Susana Rivas, advirtiendo de que los socialistas continuarán reclamando soluciones hasta que se acometa una actuación real.

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Según ha denunciado la dirigente socialista, estas cuentas provinciales reflejan una clara falta de sensibilidad social, especialmente si se tiene en cuenta que la Diputación contará el próximo ejercicio con un incremento de 26 millones de euros procedentes de transferencias del Estado. A juicio de Cárdenas, este aumento de recursos no se traduce en un refuerzo de las políticas sociales destinadas a las familias que atraviesan mayores dificultades económicas.

Descenso de las ayudas familiares y congelación de la emergencia social

Rocío Cárdenas ha detallado que el presupuesto destinado a ayudas económicas familiares sufrirá un descenso, pasando de 381.000 euros en 2025 a 374.000 euros en 2026, mientras que las ayudas de emergencia social permanecerán congeladas en 350.000 euros. Para la diputada provincial, estos datos evidencian la distancia entre el discurso político del equipo de Gobierno y la realidad que reflejan las cifras presupuestarias.

La socialista ha recordado que el grupo del PSOE presentó una enmienda a la totalidad a los presupuestos, que fue rechazada por el PP, al considerar “injusto e incomprensible” que no se destinen más fondos a quienes peor lo están pasando en un contexto económico aún complejo para muchas familias onubenses.

Críticas al modelo social del PP en la Diputación

Cárdenas ha sido especialmente crítica con lo que considera una contradicción entre lo que el PP defiende públicamente y lo que finalmente ejecuta desde el Gobierno provincial. En este sentido, ha señalado que estos presupuestos demuestran que la Diputación “no cumple con el llamado escudo social” y que no se refuerzan de forma suficiente las ayudas a colectivos sociales especialmente vulnerables, como las entidades vinculadas a la salud mental, el Alzheimer u otras asociaciones del ámbito social.

A su juicio, el reparto de los recursos provinciales para 2026 vuelve a dejar en segundo plano a los pueblos de la provincia, especialmente a los de menor tamaño, que dependen en gran medida de estas ayudas para atender las necesidades de sus vecinos.

Reproche por la concertación incondicionada

La diputada provincial también ha puesto el foco en la concertación incondicionada, el mecanismo mediante el cual la Diputación transfiere fondos directamente a los ayuntamientos. Según ha explicado, esta partida apenas se incrementa en un millón de euros, lo que supone que cada municipio recibirá una media aproximada de 12.500 euros, una cifra que considera claramente insuficiente.

Rocío Cárdenas ha defendido que, para garantizar una verdadera justicia territorial, cada localidad debería recibir en torno a 100.000 euros, lo que permitiría a los ayuntamientos atender de forma más eficaz las demandas sociales y los servicios básicos de sus vecinos.

Presupuestos alejados de la realidad social

La diputada socialista ha concluido afirmando que los presupuestos de la Diputación de Huelva para 2026 “no atienden las necesidades reales ni las demandas de los alcaldes, vecinos y vecinas de los pueblos de la provincia”. En su opinión, el incremento histórico de recursos no se está utilizando para reforzar las políticas sociales, sino que se traduce en un reparto que deja fuera a quienes más apoyo necesitan.

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Según ha señalado la diputada onubense, estas subvenciones extraordinarias, impulsadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, comenzaron a abonarse a partir del 3 de diciembre, dando cumplimiento al compromiso adquirido por el ministro Luis Planas de que las ayudas llegaran a las personas afectadas antes de finalizar el año.

Un procedimiento ágil y transparente

Faneca ha puesto en valor el procedimiento elegido para el pago de estas ayudas, destacando que las personas beneficiarias están recibiendo una notificación directa en su teléfono móvil, informándoles del ingreso de la subvención en la cuenta de su entidad financiera. Este sistema, según ha explicado, garantiza un proceso ágil, transparente y eficaz, evitando trámites innecesarios para un sector que atraviesa una situación especialmente complicada tras los incendios.

La diputada socialista ha insistido en que se trata de un respaldo económico imprescindible para quienes han sufrido de forma directa las consecuencias de los fuegos, permitiendo aliviar las pérdidas y facilitar la continuidad de la actividad agraria y ganadera en el medio rural.

Dos líneas de apoyo para el sector afectado

Las ayudas extraordinarias se articulan a través de dos líneas principales de apoyo. Por un lado, una línea destinada a la compensación por pérdida de renta en explotaciones agrarias afectadas, dotada con 21,5 millones de euros. Por otro, una línea de apoyo adicional al coste del seguro agrario, que eleva la subvención hasta el 70 % del coste de la póliza, con un presupuesto total de 6,3 millones de euros.

Estas medidas buscan no solo paliar los daños inmediatos causados por los incendios, sino también reforzar la resiliencia del sector ante futuras adversidades, fomentando la contratación de seguros agrarios y garantizando una mayor protección para las explotaciones.

Apoyo al relevo generacional en el campo

María Luisa Faneca ha destacado, además, una medida específica dirigida a los jóvenes agricultores y ganaderos, quienes desempeñan un papel clave en el futuro del medio rural. En este sentido, ha señalado que aquellos que hayan iniciado su actividad en 2025 y hayan presentado por primera vez la solicitud única de la PAC tendrán derecho a una ayuda fija de 1.500 euros.

Esta iniciativa pretende reforzar el relevo generacional en el campo, facilitando el acceso de jóvenes al sector agrario y contribuyendo a fijar población en las zonas rurales.

Compromiso con el medio rural

La diputada onubense ha reiterado que el pago de estas ayudas demuestra que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cumple con los compromisos adquiridos, garantizando que las subvenciones lleguen en tiempo y forma a las personas afectadas.

Faneca ha subrayado que, con estas medidas, el Gobierno de España evidencia con hechos su apoyo al sector agrario y ganadero, asegurando que nadie quede atrás tras una catástrofe como los incendios forestales y reforzando el papel del campo como eje fundamental del desarrollo económico y social del país.

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Faneca calificó esta aprobación como “un paso firme en la mejora de las condiciones laborales y retributivas del sector público”, subrayando que las medidas forman parte del Acuerdo Marco hasta 2028, suscrito entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y las organizaciones sindicales más representativas.

Subida del 2,5% en 2025, aplicable ya este mes de diciembre

La diputada onubense explicó que para 2025 se establece una subida consolidable del 2,5%, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de ese año.
En el caso del sector público estatal, esta actualización salarial se hará efectiva este mismo mes de diciembre, mediante el abono de una nómina adicional que incluirá todos los atrasos devengados desde enero.

Faneca detalló que esta medida beneficiará directamente a 540.000 empleados públicos, quienes verán reflejada la subida en un pago extraordinario.
A modo de ejemplo, señaló que un trabajador con un salario medio de 3.300 euros brutos mensuales percibiría en diciembre aproximadamente 1.140 euros correspondientes a los atrasos acumulados.

Para 2026: subida mínima del 1,5% y un 0,5% adicional según el IPC

El Real Decreto-ley fija también para 2026 un incremento consolidable del 1,5%, igualmente con efectos desde el 1 de enero.
Además, se contempla un aumento adicional del 0,5% si la variación del IPC durante el ejercicio es igual o superior al 1,5%, garantizando así que la evolución de los precios no merme la capacidad adquisitiva de los trabajadores públicos.

Faneca destacó que, en términos acumulados, “entre diciembre del presente ejercicio y enero del próximo año, los salarios habrán subido un 4%”, una cifra que —según afirmó— refleja el compromiso del Gobierno con la estabilidad económica de quienes sostienen los servicios públicos esenciales.

Reconocimiento al esfuerzo de los empleados públicos

La diputada reiteró que estas medidas representan una apuesta clara por el refuerzo de los servicios públicos y por la dignificación de las condiciones laborales del personal que los integra.

“Los empleados públicos verán valorado su esfuerzo gracias a un Gobierno que cumple con sus compromisos y reconoce la labor esencial de quienes sostienen la sanidad, la educación, la seguridad y el conjunto de servicios que garantizan el bienestar social”, subrayó.

Faneca insistió en que estas subidas salariales no solo mejoran el presente de los trabajadores, sino que contribuyen a consolidar un marco de estabilidad, equidad y protección frente a la inflación para los próximos años.

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Según el dirigente socialista, el PP ha eliminado por completo la inversión destinada a memoria tanto en 2024 como en 2025, dejando sin respaldo institucional a asociaciones, colectivos y familias que desde hace décadas trabajan en la recuperación de la verdad histórica y la dignidad de las víctimas de la represión franquista.

De casi 400.000 euros a cero: dos años sin inversión

Luque recordó que en 2023, último ejercicio gestionado por el PSOE, la Diputación destinó casi 400.000 euros a políticas de memoria, una cifra que —según defendió— permitía desarrollar proyectos de exhumación, investigación, divulgación histórica y apoyo directo a familiares.

Sin embargo, con la llegada del PP al gobierno provincial, esa partida fue “borrada de un plumazo” en los presupuestos de 2024 y 2025, lo que para el dirigente socialista supone “una paralización consciente” de todas las actuaciones previstas.

“El PP ha demostrado que para ellos la Memoria Democrática no es un derecho, sino un estorbo”, afirmó.

Una partida “insuficiente y maquillada” para 2026

El secretario de Memoria Democrática aseguró que el presupuesto previsto para 2026, que incluye solo 80.000 euros, no puede considerarse una recuperación de la inversión, sino “un intento de maquillar el abandono” de los dos años anteriores.

Esta cantidad, señaló, supone más de un 75% de recorte respecto a la inversión de 2023.
“Es una cifra insuficiente, simbólica y profundamente irrespetuosa con la historia de Huelva y con las víctimas de la represión franquista de nuestra provincia”, lamentó.

Huelva, una provincia especialmente castigada

Luque subrayó que Huelva es “una de las provincias más castigadas por la represión”, motivo por el cual —defendió— requiere una inversión “real y sostenida” para continuar avanzando en verdad, justicia y reparación.

“Recortar en Memoria Democrática es negar el pasado y silenciar a quienes aún buscan a sus familiares”, insistió.

El PSOE exige rectificación

Desde la Secretaría de Memoria Democrática del PSOE de Huelva, Luque exigió al gobierno provincial del PP que rectifique y que devuelva a estas políticas “el lugar que merecen” dentro del presupuesto y de la acción institucional de la Diputación.

Además, pidió que se garantice la asistencia a los municipios onubenses para mantener activas las iniciativas de localización, investigación y dignificación de víctimas.

“No vamos a permitir que el PP convierta la Memoria Democrática en una política de mínimos”, concluyó.

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El parlamentario socialista sostiene que la sesión de ayer evidenció que “el PP presume de lo que carece: moderación, transparencia y respeto institucional”, y que su práctica política “nada tiene que ver con la imagen de diálogo que intenta proyectar”.

Negativa a desclasificar los documentos del 4 de diciembre

Uno de los puntos más polémicos, según Gaviño, fue la negativa del PP andaluz a desclasificar los documentos históricos del 4 de diciembre de 1977, día en el que fue asesinado Manuel García Caparrós durante las manifestaciones por la autonomía andaluza.

“El PP se llena la boca hablando de Andalucía, pero se niega a que la ciudadanía conozca la verdad sobre un episodio clave y doloroso de nuestra historia”, lamentó el portavoz socialista.

“Gobernar a golpe de rodillo”: leyes aprobadas sin consenso

El diputado también criticó que el Partido Popular aprobara en solitario sus leyes de vivienda y polígonos industriales, rechazando todas las enmiendas de la oposición.

“El Parlamento se ha convertido en una maquinaria para imponer su agenda, despreciando cualquier propuesta venga de donde venga. Eso no es moderación, es abuso de poder”, afirmó.

Bloqueo a la Ley de Educación Pública

De manera especial, Enrique Gaviño calificó de “grave” que el PP votara en contra incluso de iniciar la tramitación de la Ley de Educación Pública presentada por el PSOE.
La propuesta recogía acuerdos previos firmados por el propio Moreno Bonilla con los sindicatos e incluía medidas como:

• Reducción de ratios

• Refuerzo del alumnado con necesidades específicas (NEAE)

• Ampliación del personal docente y de apoyo

“Era una ley que respondía a las demandas de más de 50.000 familias y profesionales que promovieron una ILP. El PP no solo la ignoró entonces, sino que vuelve a ignorarla ahora”, insistió Gaviño.

Opacidad en sanidad y contratos del SAS

El portavoz socialista denunció también que el PP impidiera la comparecencia de la gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para explicar:

• Adjudicaciones millonarias sin concurso

• División injustificada de contratos

• Abuso de la contratación de emergencia cuando ya no existía tal emergencia

Gaviño añadió que el PP mantiene una actitud “poco transparente” ante el escándalo de los cribados de cáncer, recordando que el Gobierno autonómico negó inicialmente cualquier fallo, pero al mismo tiempo citó a 2.300 mujeres para repetir pruebas.
“Si no pasó nada, ¿por qué las llamaron? La respuesta es evidente: sí pasó, y fue una negligencia gravísima”, denunció.

Reconocimiento a AMAMA por destapar el falló en los cribados

Gaviño agradeció de forma especial el papel de las mujeres de AMAMA, a quienes calificó como “valientes y decisivas” por denunciar las irregularidades en los cribados.
“El Gobierno de Moreno Bonilla debería pedirles perdón por no creerlas, por presionarlas y por intimidarlas”, afirmó.

“Un proyecto agotado y alejado del interés general”

El portavoz socialista concluyó que el comportamiento del PP en este pleno revela “un proyecto político agotado, alejado de la transparencia y del interés general”.

“El PP no defiende Andalucía cuando bloquea la educación pública, cuando oculta lo que pasa en sanidad, cuando desprecia nuestra historia y cuando usa su mayoría absoluta para imponer, no para dialogar”, sentenció.

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