En una operación conjunta, la Guardia Civil junto a la Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía han logrado intervenir más de 10.000 kilogramos de chocos congelados en una nave ubicada en la provincia de Huelva, poniendo de manifiesto la efectiva colaboración en la lucha contra las prácticas ilegales en el sector pesquero. Este importante decomiso, realizado bajo el marco del Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (PACIAP), destaca por su enfoque en la preservación de la biodiversidad marina y el fomento de la pesca sostenible.
La intervención se llevó a cabo a finales de febrero, cuando los agentes detectaron en unas instalaciones frigoríficas de Huelva una considerable cantidad de choco (Sepia officinalis) procedente de Francia, etiquetada de manera que no cumplía con los requisitos mínimos de información requeridos por la legislación. Este hallazgo suscitó dudas sobre la legalidad de la procedencia de la mercancía, lo que llevó a la inmovilización temporal de los productos y al inicio de un exhaustivo proceso de investigación para esclarecer su trazabilidad.
Tras más de diez días de investigación, se confirmó que la mercancía carecía de cualquier forma de trazabilidad, lo que indica una posible procedencia de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Este tipo de pesca representa una de las amenazas más significativas para los ecosistemas marinos y pone en riesgo los esfuerzos por una gestión pesquera sostenible y la conservación de la biodiversidad marina. Además, la comercialización de estos productos en el mercado español constituye una competencia desleal para los productos pesqueros andaluces, en detrimento de la economía local y las prácticas pesqueras responsables.
Como resultado de las investigaciones, se procedió al decomiso de los 10.161 kilogramos de chocos congelados, estableciendo sanciones para los operadores implicados en esta práctica ilegal. La mercancía incautada ha sido destinada al Banco de Alimentos de Huelva, donde, tras recibir la certificación veterinaria que garantiza su seguridad para el consumo, será distribuida en comedores sociales, asegurando así un final benéfico para una situación marcada por la ilegalidad.
Este operativo no solo destaca por su impacto inmediato en la lucha contra la pesca INDNR y la promoción de la sostenibilidad, sino que también enfatiza la importancia de la cooperación entre distintas agencias y niveles de gobierno en la protección de los recursos naturales y el apoyo a las comunidades locales a través de la redistribución de recursos a quienes más lo necesitan.