Izquierda Unida trasladará al Parlamento andaluz el conflicto laboral que afecta a la cafetería del Hospital Infanta Elena de Huelva, donde una veintena de trabajadores y trabajadoras mantienen una huelga indefinida tras acumular meses de impagos salariales. La iniciativa se canalizará a través del Grupo Por Andalucía y pondrá el foco en la corresponsabilidad del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y en la fiscalización del proceso de adjudicación del servicio a la empresa concesionaria.
El anuncio lo realizó el coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Marcos Toti, tras una reunión con la secretaria provincial de CCOO, Julia Perea, y con representantes de la plantilla en huelga, entre ellos su delegada sindical, Pepi Sampedro.
Meses sin cobrar y huelga indefinida
Durante la comparecencia posterior al encuentro, la delegada sindical explicó que la plantilla se ha visto obligada a iniciar una huelga indefinida tras dos meses sin percibir salario, en un contexto de deterioro económico prolongado de la empresa adjudicataria. Según denunció, la mala gestión ha derivado incluso en impagos a proveedores, lo que ha ido vaciando progresivamente la actividad del servicio. “Hemos cumplido siempre con nuestro trabajo y lo único que pedimos es cobrar nuestro sueldo. No somos responsables de esta situación”, subrayó.
Por su parte, Julia Perea precisó que las veinte familias afectadas arrastran retrasos salariales desde hace más de dos años y que, en el momento de convocarse la huelga, la deuda acumulada alcanzaba tres mensualidades. La responsable sindical alertó además de la incertidumbre generada tras el anuncio del SAS de rescindir el contrato con la empresa concesionaria: “Si el contrato desaparece, estas personas se enfrentan directamente al despido”.
Exigencias a la Junta de Andalucía y al SAS
Desde CCOO se reclamó a la Junta de Andalucía que asuma su responsabilidad por no haber vigilado el cumplimiento de las obligaciones salariales y con la Seguridad Social por parte de la empresa. Perea recordó que se trata del segundo conflicto de características similares en cafeterías hospitalarias de la provincia, y defendió una solución negociada que garantice el mantenimiento del servicio y de los puestos de trabajo.
Marcos Toti incidió en que, aunque la empresa concesionaria es la principal responsable, “la Junta de Andalucía tiene mucho que decir” al tratarse de un servicio que presta apoyo a un hospital público. En este sentido, avanzó que la iniciativa parlamentaria se articulará en torno a dos ejes: las condiciones de adjudicación del contrato y las medidas que adoptará el SAS para ofrecer una salida a la situación de estas veinte familias, cuyo objetivo —recalcó— es volver a trabajar y cobrar su salario a fin de mes.
Respaldo a la plantilla
Izquierda Unida y el Grupo Por Andalucía expresaron su respaldo a las reivindicaciones de la plantilla y de CCOO, y anunciaron que apoyarán las medidas de presión que se pongan en marcha hasta que se alcance una solución que garantice derechos laborales, continuidad del servicio y estabilidad para las personas afectadas.