Mónica Rossi, concejala de La Izquierda de Huelva, ha lanzado una propuesta contundente para reformar la manera en que el Ayuntamiento de Huelva gestiona sus contrataciones públicas. Su iniciativa busca incorporar y fortalecer las cláusulas sociales, ambientales y de igualdad en los contratos del gobierno local, enfocándose en mejorar la calidad de los servicios públicos y las condiciones laborales de los trabajadores.
La propuesta de Rossi, que será debatida en el próximo pleno municipal, surge ante la constatación de que un voluminoso 58% del presupuesto municipal, equivalente a 77 millones de euros, se destina a contratos con empresas externas. Estos datos, proporcionados por la Autoridad Reguladora de la Economía Fiscal (AREf), destacan la relevancia de las empresas contratadas en la estructura económica y social de la ciudad.
La concejala ha criticado la actual laxitud en el cumplimiento de compromisos sociales por parte de las empresas contratistas, citando ejemplos de retrasos en los pagos a trabajadores y deficiencias en el suministro de materiales adecuados para realizar sus labores. Estos problemas se han manifestado en varios sectores, desde la plantilla de Parques y Jardines hasta el personal de limpieza y auxiliares de ayuda a domicilio.
Rossi enfatiza que la normativa europea y estatal ya subraya la importancia de integrar criterios sociales en las adjudicaciones públicas, y propone que Huelva no solo se alinee con estas prácticas sino que también lidere en la implementación de un modelo de contratación pública más justo y equitativo. Para ello, sugiere la elaboración de un decreto municipal que establezca condiciones claras para incluir cláusulas sociales y ambientales en todos los contratos futuros.
Además, la concejala propone dar preferencia en los pliegos de contratación a empresas de Economía Social y Solidarias, especialmente aquellas que trabajan con personas en proceso de inclusión social. Esta medida busca fomentar un desarrollo económico que sea tanto sostenible como integrador.
Rossi también aboga por la creación de una comisión municipal de seguimiento de la contratación pública, que incluya a representantes de partidos políticos, sindicatos, asociaciones vecinales y de consumidores. Este organismo tendría como objetivo asegurar que los servicios se prestan adecuadamente y que se respetan las cláusulas sociales establecidas en los contratos.
Este debate en el pleno municipal promete ser un momento crucial para el futuro de la gestión de los recursos públicos en Huelva, con potenciales implicaciones en cómo la ciudad se acerca al bienestar de sus ciudadanos y al impacto social de sus decisiones económicas.