Izquierda Unida ha advertido de que la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) tendrá una incidencia directa y determinante en la provincia de Huelva, al afectar a algunos de los principales retos estructurales del territorio onubense, como la gestión del agua, la protección del litoral, el modelo energético, el acceso a la vivienda, la despoblación rural y la defensa del suelo agrario y del paisaje.

La formación ha presentado una batería de alegaciones al documento, actualmente en fase de información pública, con el objetivo de reforzar su carácter vinculante y garantizar un modelo de desarrollo equilibrado, justo y sostenible, especialmente en provincias vulnerables como Huelva, donde confluyen fuertes presiones ambientales, demográficas y económicas.

Energías renovables con planificación y retorno social

Uno de los aspectos que, según Izquierda Unida, tendrá mayor impacto en la provincia es la ordenación territorial de las energías renovables. La organización considera imprescindible que el POTA establezca criterios claros y limitaciones efectivas para evitar la implantación desordenada de macroplantas fotovoltaicas y de biogás sobre suelos agrícolas de alto valor.

Esta situación, alertan, ya se está produciendo en comarcas como El Andévalo, El Condado o la Campiña, donde grandes proyectos energéticos ocupan extensas superficies sin un retorno social suficiente para el territorio. IU apuesta por priorizar el autoconsumo, las comunidades energéticas y el uso de suelos degradados, frente a un modelo que califican de “extractivo”.

Protección del litoral frente al cambio climático

La Costa de Huelva es otro de los ejes centrales de las alegaciones presentadas. Izquierda Unida reclama que el POTA incorpore de forma expresa la adaptación al cambio climático, teniendo en cuenta fenómenos como la subida del nivel del mar, la erosión costera y el aumento de temporales.

En este sentido, la formación plantea limitar nuevos desarrollos urbanísticos en zonas de riesgo, garantizar el uso público del litoral y frenar intereses especulativos en municipios especialmente expuestos como Punta Umbría, Isla Cristina, Lepe, Cartaya o Almonte.

El agua como límite del crecimiento

En materia hídrica, Izquierda Unida subraya que Huelva sufre un estrés hídrico estructural, agravado por el cambio climático. Por ello, defiende que el POTA priorice de forma absoluta el abastecimiento humano, impulse la reutilización de aguas depuradas, reduzca las pérdidas en las redes y condicione cualquier crecimiento urbanístico o económico a la disponibilidad real de recursos.

La formación pone el acento en áreas especialmente sensibles como el entorno de Doñana y el sistema de regadíos del Condado, reclamando una planificación territorial que garantice la sostenibilidad a largo plazo.

Defensa del paisaje y del suelo agrario

Las alegaciones también inciden en la protección del paisaje y del suelo agrario, elementos clave para el equilibrio territorial de una provincia extensa y con baja densidad de población como Huelva. IU considera que el POTA debe blindar estos valores frente a la industrialización del territorio, la urbanización dispersa y la ocupación indiscriminada del suelo.

El paisaje, señalan, debe ser reconocido como un activo económico, cultural y social, fundamental para el desarrollo rural, el turismo sostenible y la identidad del territorio onubense.

Ordenación del territorio contra la despoblación

Otro de los ejes fundamentales de las propuestas de Izquierda Unida es la lucha contra la despoblación rural. La formación reclama que la ordenación del territorio se convierta en una herramienta eficaz para fijar población, vinculando la planificación urbanística y territorial a la garantía de servicios públicos esenciales como sanidad, educación, cuidados y servicios sociales.

Esta reivindicación cobra especial relevancia en comarcas del interior como la Sierra y el Andévalo, donde la pérdida de población compromete el futuro de muchos municipios.

Movilidad y derecho a la vivienda

En materia de movilidad, IU defiende que el POTA priorice el transporte público y la vertebración territorial, reforzando el ferrocarril convencional y las conexiones interurbanas, una demanda histórica de la provincia de Huelva.

Por último, la formación reclama que el plan incorpore el derecho a la vivienda como principio rector, especialmente en los municipios costeros con fuerte presión turística, apostando por la vivienda pública, el alquiler asequible y la rehabilitación urbana, frente a la expansión indiscriminada del suelo urbanizable.

Izquierda Unida ha solicitado que todas estas alegaciones se incorporen de manera efectiva y vinculante al POTA, para que el plan se convierta en un verdadero instrumento al servicio de la cohesión social, la justicia climática y el desarrollo equilibrado de la provincia de Huelva.