La modificación de la Ley de Costas ha recibido el visto bueno en el Senado, marcando un hito importante en la protección de los derechos de propietarios de viviendas ubicadas en las playas de Huelva. Esta iniciativa, liderada por los senadores del Partido Popular de Huelva, Juan Manuel González y Carmelo Romero, pretende sacar de la incertidumbre a cientos de familias que han vivido bajo la sombra de la desprotección jurídica y el temor a la demolición de sus hogares.
La propuesta del PP surge como una respuesta a la situación de aquellos propietarios que, con viviendas construidas legalmente en el litoral hace décadas, se enfrentan a la amenaza de nuevos deslindes que podrían calificar sus hogares como dominio público marítimo-terrestre. La iniciativa legislativa busca preservar aquellas edificaciones que, además de formar parte del patrimonio cultural, histórico o turístico, se encuentran integradas en el entorno costero y han sido afectadas por los cambios en el deslinde del dominio público debido al cambio climático y a la aplicación de la ley de 1988.
Esta modificación propone un marco de protección para núcleos urbanos costeros que mantienen características tradicionales, estableciendo criterios específicos que permitirán su conservación. El enfoque es triple, involucrando al Gobierno central, la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos en el proceso de toma de decisiones, asegurando así un trato equitativo y transparente para los propietarios afectados.
El senador González ha enfatizado la importancia de abordar este problema sin caer en criterios ideológicos, buscando un equilibrio que permita proteger tanto los derechos de los propietarios como el ecosistema litoral y el patrimonio cultural de la provincia. La propuesta del Partido Popular resalta la necesidad de encontrar soluciones justas y efectivas que resuelvan un problema heredado, que no solo afecta a las familias propietarias sino también al patrimonio cultural y turístico de Huelva.
Este paso adelante en el Senado representa una esperanza para muchas familias en Huelva, ofreciéndoles un futuro más seguro y estable para sus propiedades costeras. La propuesta aún debe seguir su camino legislativo, pero ya ha generado una expectativa positiva entre los afectados y los diferentes sectores involucrados en la preservación del litoral onubense.