El PSOE de Punta Umbría ha encendido las alarmas políticas y jurídicas en el municipio tras el polémico nombramiento del concejal José Luis Contreras como nuevo delegado del equipo de Gobierno local. Según los socialistas, esta designación “vulnera la legalidad vigente” y pone en riesgo la estabilidad jurídica necesaria para garantizar inversiones futuras en la localidad.
El origen de la controversia radica en que Contreras, electo en las listas del Partido Popular, ha sido incorporado al Gobierno local encabezado por el alcalde José Carlos Hernández Cansino sin el consentimiento de su grupo de origen. Esta maniobra, según el PSOE, lo convierte en un “concejal tránsfuga”, una figura expresamente regulada por la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
Funciones y salario, el centro de la polémica
La situación no sería jurídicamente cuestionable si Contreras ejerciera su labor como edil sin atribuciones adicionales. Sin embargo, su nombramiento como concejal delegado, con funciones ejecutivas y una retribución económica asociada, constituye —según los socialistas— un incumplimiento del artículo 73.3 de la LRBRL. Este artículo establece que los ediles tránsfugas deben pasar automáticamente al grupo de no adscritos y no pueden recibir mejoras políticas o económicas.
Desde las filas del PSOE aseguran que esta actuación “puede rozar la prevaricación y el desvío de poder”, advirtiendo que cualquier acuerdo municipal aprobado con su voto y participación activa podría ser declarado nulo de pleno derecho. Una posibilidad que, subrayan, “genera una grave inseguridad jurídica” en el Ayuntamiento y pone en riesgo el desarrollo económico de la localidad.
Llamamiento al alcalde
Por ello, el PSOE ha pedido públicamente al alcalde Hernández Cansino que “recapacite” ante las consecuencias de esta designación y convoque de forma inmediata un nuevo pleno para revocar el nombramiento y restaurar la legalidad. “Es imprescindible garantizar un marco jurídico claro y fiable que no ahuyente futuras inversiones clave para el municipio”, han declarado.
El grupo socialista denuncia además que la maniobra no solo supone una ilegalidad, sino que altera “de forma ilegítima” la representación democrática surgida de las urnas. Según explican, la incorporación del concejal tránsfuga otorga al grupo Unidos por Punta Umbría (UPU) una mayoría absoluta que no fue refrendada por los ciudadanos en las elecciones ni legitimada mediante una moción de censura.
Clima político tenso en Punta Umbría
Este nuevo episodio ha incrementado la tensión política en Punta Umbría, donde la oposición socialista considera que la acción del alcalde “dinamita las bases democráticas de la representación local” y supone “una falta de respeto al electorado”. Por ahora, se desconoce si el regidor rectificará o mantendrá la decisión, lo que podría derivar en una batalla legal.